Reforma de la fe pública consular: ¿Cómo afecta a la ciudadanía española en Berlín?

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha presentado un informe detallado con fecha del 17 de junio de 2026. En este documento se examina el borrador del nuevo Real Decreto que modificará la regulación de la fe pública en el extranjero (la firma de documentos con validez legal ante las autoridades).

Por una parte, el CGCEE ve de forma positiva la modernización y digitalización de una normativa que tiene más de 80 años. Sin embargo, advierte que el texto actual da prioridad a los requisitos formales en lugar de centrarse en las necesidades diarias de las personas que acuden a los consulados.

A continuación, explicamos los puntos principales de este informe según el documento titulado «Informe del CGCEE sobre la propuesta de Real Decreto por el que se modifica el ejercicio de fe publica..pdf» y de qué manera influye en la comunidad española que reside en nuestra demarcación de Berlín.

¿En qué afecta este cambio a la ciudadanía de Berlín?

El proyecto de ley propone que las funciones de fe pública se deleguen únicamente en el personal de la carrera diplomática. Esto significa que las firmas legales que antes podían realizar otras personas del equipo administrativo o laboral cualificado, ahora serán responsabilidad exclusiva de las autoridades diplomáticas.

Para quienes residen en la demarcación consular de Berlín, esta medida plantea los siguientes retos:

• Riesgo de retrasos por ausencias o vacaciones: En oficinas consulares con equipos reducidos, la continuidad del servicio dependerá por completo de pocas personas. Si el personal diplomático se encuentra de vacaciones, de baja médica o en un viaje oficial, los trámites urgentes podrían retrasarse si no se cuenta con un plan de sustitución inmediato.

• Dudas sobre trámites cotidianos y esenciales: El borrador actual no aclara si esta limitación afecta solo a escrituras complejas o testamentos, o si también incluye gestiones del día a día:

  • Acreditación de la fe de vida: Este trámite es fundamental para la población mayor o perceptora de pensiones, ya que de él depende que sigan recibiendo sus ingresos. A partir de 2026, la Seguridad Social exige realizar esta gestión dos veces al año (y tres veces a partir de 2027). El CGCEE pide asegurar que las Consejerías de Trabajo y el personal del consulado puedan seguir emitiendo estas certificaciones para evitar que se saturen las citas.

  • Autorizaciones de viaje para menores: Son permisos muy frecuentes para que los hijos e hijas puedan viajar. Si se catalogan de forma estricta como fe pública notarial, solo se podrán firmar ante personal diplomático. El CGCEE defiende que, al igual que ocurre en España ante la policía, en el exterior estas firmas se puedan delegar en la Cancillería u otro personal cualificado para solucionar necesidades urgentes de las familias.

• Aumento en los tiempos de espera: La oficina consular ya asume una carga de trabajo muy alta debido a trámites recientes como los derivados de la Ley de Memoria Democrática. Si se concentran más firmas de manera exclusiva en el personal diplomático, las listas de espera para conseguir una cita podrían aumentar.

¿Qué propuestas hace el CGCEE para proteger a la ciudadanía?

Para garantizar una atención accesible, continua y cercana a la realidad de la población española residente en el exterior, el CGCEE propone:

1. Claridad en las funciones: Que la ley especifique de forma exacta qué gestiones se consideran trámites administrativos comunes (como los permisos de viaje de menores o las actas de comparecencia) para que el personal cualificado no diplomático pueda seguir firmándolos.

2. Planes de apoyo obligatorios: Que el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) organice equipos de apoyo itinerantes y sistemas de sustitución para asegurar que el servicio nunca se detenga en ninguna oficina consular.

3. Digitalización inclusiva: Que el uso de herramientas digitales y firmas electrónicas se implemente de manera igualitaria en toda la red de consulados. Esta digitalización debe estar respaldada por el personal necesario para acompañar y ayudar a las personas mayores o con menores competencias digitales, evitando que la tecnología sea una barrera de exclusión.

4. Revisión del impacto al cabo de un año: Evaluar el funcionamiento de la reforma a los 12 meses de su entrada en vigor, analizando las incidencias y los tiempos de espera para corregir cualquier problema.